El pasado que no se borra.
Ana Julia Quezada cumple cadena perpetua revisable por el crimen que estremeció a España: el asesinato del pequeño Gabriel Cruz, de tan solo ocho años, en febrero de 2018. Su nombre volvió a ocupar titulares esta semana, pero no por el caso que la llevó a prisión, sino por una nueva investigación que apunta a posibles favores dentro del centro penitenciario de Brieva, en Ávila. Allí, donde Quezada cumple condena, se investiga a dos trabajadores por supuestamente haberle otorgado privilegios a cambio de favores sexuales.
Uno de ellos, un cocinero jubilado que trabajaba en la cárcel, compareció ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila. El extrabajador negó «rotundamente» haber mantenido relaciones sexuales con Quezada, tal como ya hiciera anteriormente otro funcionario también implicado en la causa. Además, el mismo día prestaron declaración la pareja de Quezada y un trabajador social del penal.
La defensa de Patricia Ramírez, madre de Gabriel, estuvo presente durante los testimonios. Su abogada, Verónica Guerrero, transmitió a los medios que el cocinero «ha negado rotundamente haber mantenido relaciones sexuales» con la reclusa. También aseguró que el hombre no entiende por qué ha sido citado y que ha reconocido que coincidió con Quezada en la cocina, pero que «nunca ha llegado a tener con ella una relación sexual, ni de confianza».
Una investigación que apenas empieza.
Según Guerrero, el acusado también se desvinculó de cualquier participación en una posible trama que habría facilitado la entrada de teléfonos móviles en la prisión. La abogada fue enfática al señalar que su testimonio ha sido una negación tajante de todas las acusaciones. «Niega todo lo que tiene que ver con estos hechos y dice estar muy sorprendido», declaró.
Pese a estas negativas, la abogada ha lamentado la escasez de información útil aportada por los dos investigados. Ninguno de ellos habría ofrecido datos concluyentes ni colaborado activamente en esclarecer los hechos. Aun así, Guerrero mantiene firme su intención de continuar con la causa: «va a seguir pidiendo pruebas» para esclarecer si realmente hubo un trato de favor hacia Quezada «a cambio de recibir favores sexuales».
La acusación considera clave determinar si existió un delito de cohecho por parte de los funcionarios, lo que implicaría una grave vulneración de la normativa penitenciaria. Quezada, en el centro de este nuevo escándalo, sigue sin declarar públicamente. Mientras tanto, su pareja se ha acogido al derecho de mantener su testimonio en reserva, a petición del juez.
Voces por escuchar.
Una de las piezas que podría ser crucial en esta investigación es la del tarotista con el que, presuntamente, la novia de Quezada habría contactado. Ese vínculo habría sido el primer indicio de una trama mayor dentro de la prisión. Guerrero ha confirmado que solicitará su testimonio como parte de las nuevas diligencias.
«Vamos a intentar que declaren aquellos que nos puedan dar luz» sobre este caso, ha explicado. La abogada insiste en que el proceso apenas comienza y que se necesita mucho más para llegar al fondo de lo que ocurrió realmente en el penal de Brieva. Por ahora, las preguntas superan a las respuestas.
El paradero de los móviles que habrían entrado en prisión sigue siendo desconocido. A pesar de que se ha preguntado por ellos en cada testimonio, nadie ha podido aportar datos concretos sobre su destino. Guerrero confía en que el avance de las diligencias revele si hubo o no corrupción dentro del recinto carcelario donde Ana Julia Quezada cumple su condena.