El abuelo de Lucas toma medidas legales para proteger al futuro bebé y dar sepultura al menor
La tragedia que ha sacudido al municipio de Garrucha continúa generando nuevas derivadas judiciales y familiares, pues el abuelo de Lucas, el niño de cuatro años presuntamente asesinado por la pareja de su madre, ha decidido dar un paso al frente para intentar evitar que la historia de dolor que rodea a su nieto vuelva a repetirse. En un gesto cargado tanto de determinación como de desamparo, el hombre se ha personado como acusación particular y ha solicitado la custodia del bebé que su hija, actualmente en prisión provisional, está esperando, alegando que su objetivo es proteger al menor que está por nacer y garantizar su bienestar en un entorno seguro. Según ha explicado su abogado, José Luis Martín, la intención es “cuidar del niño que viene en camino y evitar que quede bajo la tutela de la madre en prisión”, una decisión que el letrado justifica ante el temor de que puedan reproducirse circunstancias similares a las que terminaron de manera trágica. De hecho, tal como añadió el representante legal, el abuelo insiste en que “No quiere que la madre tenga a ese niño, quiere criarlo él como a su nieto”, dejando clara la firmeza de su postura ante un escenario judicial extremadamente complejo.
El conflicto por la incineración del pequeño Lucas complica aún más el proceso
La batalla legal no se limita al ámbito de la custodia del bebé, sino que se extiende también a cuestiones tan dolorosas como la despedida definitiva del menor fallecido. El abuelo de Lucas pretende incinerar el cuerpo del niño, pero se ha visto obligado a solicitar un expediente de jurisdicción voluntaria ante el juez, ya que la madre del pequeño —pese a los cargos que pesan sobre ella— conserva aún la patria potestad y, por tanto, su firma es indispensable para proceder con cualquier trámite funerario. Este obstáculo ha añadido un nuevo capítulo de frustración para la familia paterna, que considera incomprensible que la negativa o ausencia de respuesta de la madre impida dar al menor una sepultura digna. El conflicto ha puesto de relieve las tensiones legales inherentes al caso, así como las dificultades que surgen cuando la protección legal de un progenitor se mantiene incluso en investigaciones tan graves y de tanta repercusión social.
Los audios de Whatsapp revelan el vínculo entre la madre y el principal investigado
Entre los elementos que han salido a la luz en los últimos días, uno de los más comentados ha sido el contenido de un audio de Whatsapp en el que la madre de Lucas se dirigía a su pareja, quien tenía en vigor una orden de alejamiento respecto al menor. En el mensaje, al que ha tenido acceso *El Mundo*, la mujer expresa entre lágrimas: «Te amo, gracias por estar siempre para nosotros y por, a pesar de todo, no dejarnos solo». El contenido sigue con un tono emocional y confuso: «Yo sé que la mejor decisión habría sido dejar en paz y que quedaras lejos de nosotros. Tal vez esto no hubiera pasado. Y perdón amor, no sé donde estoy, Lucas no reacciona. Me siento mal, no sé qué pasó». La nota de voz concluye con un mensaje de desesperación: «Salimos a caminar y se empezó a poner mal (Lucas). No sé donde estoy, estoy cegada. […] Me quiero morir, no quiero estar sin mi hijo». Estos mensajes, cargados de contradicciones y angustia, contrastan con la gravedad de las conclusiones judiciales y con la versión que los investigadores sostienen sobre la dinámica de maltrato previa.
El auto judicial apunta a una participación más amplia en los hechos
El caso tomó un nuevo giro tras conocerse el auto de ingreso en prisión dictado por la Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Vera, en el que se detalla que la pareja de la madre habría golpeado y agredido sexualmente al menor, causándole lesiones mortales. Aunque todavía se trabaja para esclarecer el grado de implicación de cada uno, el documento judicial indica que la madre podría haber presenciado parte del episodio sin intervenir para proteger a su hijo. El auto señala incluso que la mujer habría acompañado a su pareja mientras este trasladaba el cuerpo sin vida del menor, una circunstancia que agrava la sospecha sobre su responsabilidad. Según la investigación, ambos habrían llevado luego el cadáver hasta un antiguo búnker situado en la zona cost