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“Desprecio absoluto”: Multazo histórico a Telecinco por lo que emitieron en directo en ‘Sálvame’

Malos tiempos para el programa más polémico de Telecinco.

El programa vespertino que presentan Jorge Javier Vázquez y otros colaboradores es uno de los productos más lucrativos de Mediaset. Gracias a sus participantes, consiguen que la audiencia se enganche a las tramas que plantean. Algunas veces, dichas tramas son urdidas sin ningún pudor.

Sálvame se ha convertido en un programa controvertido al que se ha calificado en muchas ocasiones como “telebasura”. No en vano, es el espacio televisivo que más quejas acumula por no cumplir el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia. Más de la mitad de las protestas que tiene la cadena son debidas a este programa.

Sálvame fue foco de las críticas en los últimos meses, especialmente después del despido en directo de Antonio Canales. Después de conocer en directo que el programa le había despedido, arremetió contra el programa, La Fábrica de la Tele y Mediaset por “cansar” a los espectadores. Según él, están permitiendo que hasta las “teleseries” se impongan en el ranking de audiencia.

Sálvame ha sido condenado a pagar 180.000 euros a dos demandantes.

Pero no es el único problema grave de Sálvame. El programa ha sido condenado a pagar más de 180.000 euros a dos demandantes, que denunciaron al grupo audiovisual por intromisión ilegítima a los derechos al honor y a la intimidad en varios programas de Telecinco, emitidos en enero de 2019.

Se trata de dos viejos conocidos del programa: María José Campanario y Jesulín de Ubrique. En los contenidos denunciados, se hablaba de la supuesta ruptura de la pareja y de la no menos presunta infidelidad del torero con una o dos presentadoras de la propia cadena.

Después de haberse celebrado el juicio, el magistrado Carlos José Rodríguez estimó parcialmente la demanda, en la que inicialmente se solicitaban 500.000 euros en concepto de indemnización. Finalmente, obliga a Mediaset a un doble pago: 5.000 euros a cada demandado por invasión de su intimidad personal y familiar en el programa Sálvame Diario emitido el 29 de enero de 2019, y otros 185.000 por el contenido de varios espacios ofrecidos entre el 10 y el 15 de febrero de ese mismo año.

El motivo por el que la segunda cuantía es más elevada es porque las informaciones se repitieron en diez programas diferentes, durante seis días y en distintas franjas horarias. Por otro lado, se obliga a Mediaset a retirar todos los contenidos denunciados, que todavía podían verse a través de la plataforma MiTele.

“Desprecio absoluto a la verdad”.

La sentencia es muy dura con las supuestas informaciones que ofrecieron. De hecho, se llega a hablar de “desprecio absoluto hacia la realidad y la verdad, no solo la veracidad”. Especialmente porque se intentó “utilizar la imagen y la presencia” de Jesulín en una rueda de prensa pública “por motivos claramente ajenos”, “para generar la expectación en la audiencia (claramente infundada)”, de que el torero podría confirmar la noticia de su separación, con la que se especulaba.

“Todo ello en orden a mantener la audiencia de un programa de televisión. Fin jurídicamente legítimo excepto cuando se hace a costa de los derechos fundamentales protegidos en nuestra Constitución”, dice la sentencia.

En otra página del documento, el juez describió incluso el mecanismo de la “narrativa” de este tipo de espacios. “Se muestra de forma más clara en los programas, que por ser consecutivos, se emiten en los seis días del mes de febrero”: “Una narrativa que se rodea de todas las técnicas de información o de expresión que son habituales en el medio, y en el género que nos ocupa. Se ceba (como en algún programa se menciona), se especula, en definitiva se genera expectación en la audiencia, para que la noticia, la historia, dé para producir contenido para todos los programas analizados. El problema jurídico, que es el que aquí únicamente nos ha de ocupar, es el de saber o determinar si esa historia o noticia merece el calificativo de Información, en el sentido que nuestra Constitución protege”.

Pero la prueba testifical, “lejos de acreditar la veracidad de la información, más bien acentuó la ausencia absoluta de la misma. La falta de diligencia de los responsables de la emisión de las ‘noticias’ para contrastar las mismas fue clamorosa”, según la sentencia.