Carlos Mazón, el político que prometía estabilidad.
Carlos Mazón nació en Alicante en 1974 y ha sido uno de los rostros más reconocibles del Partido Popular valenciano en los últimos años. Con una carrera marcada por la gestión pública y su perfil de negociador, ascendió rápidamente hasta convertirse en presidente de la Generalitat Valenciana en 2023. Su discurso combinaba cercanía con firmeza, y se presentaba como el líder que devolvería “el sentido común” a la política autonómica. Durante su mandato, intentó proyectar una imagen de rigor y empatía, especialmente tras la trágica riada que sacudió Valencia el pasado otoño.
Antes de alcanzar la presidencia, Mazón había ocupado distintos cargos institucionales, tanto en la administración local como en la autonómica. Su paso por la Diputación de Alicante consolidó su figura dentro del PP, y su estilo pragmático le permitió tejer alianzas en un momento de fuerte polarización política. Cuando llegó al Palau de la Generalitat, lo hizo con la promesa de estabilidad y gestión eficaz. Sin embargo, su mandato terminó antes de lo previsto, dejando tras de sí más preguntas que respuestas.
En su etapa como president, trató de impulsar una reconstrucción económica tras los desastres naturales y defendió la cooperación institucional con el Gobierno central, aunque esa relación terminó siendo más tensa de lo esperado. Con el paso de los meses, la presión política y personal se fue acumulando. Y tras un fin de semana de reflexión, el dirigente popular decidió poner punto final a su etapa al frente del Ejecutivo valenciano.
La dimisión que nadie vio venir.
El lunes por la mañana, Carlos Mazón compareció ante los medios para comunicar su renuncia. Habló con la voz quebrada, reconociendo “errores humanos” y la dificultad de gestionar una crisis de tal magnitud. “Ya no puedo más”, llegó a decir, en una frase que se viralizó al instante. Explicó que seguirá ejerciendo el cargo en funciones hasta que se designe un nuevo president, pero dejó claro que su salida es irreversible. “Necesito descansar y cuidar de mi familia”, añadió, adelantando que se tomará un tiempo de baja médica.
Su discurso, retransmitido en directo por varias cadenas nacionales, fue seguido con atención por una opinión pública dividida. Algunos vieron en sus palabras un acto de sinceridad y humanidad; otros, una huida ante la presión mediática y judicial. En cualquier caso, la imagen de Mazón cerrando una etapa se convirtió en símbolo del desgaste político tras un año de tormentas —literal y figuradamente— en la Comunitat Valenciana.
La periodista Silvia Intxaurrondo, desde el plató de “La Hora de La 1”, fue especialmente crítica con su intervención: “Hay que saber marcharse con dignidad”. Otros analistas, como Carlos Alsina o Marta García Aller, consideraron que el discurso del ya expresident fue más un ejercicio de justificación que de autocrítica. Pero el debate no tardó en desviarse hacia otro tema: el futuro económico de Mazón tras su dimisión.
El precio de dejar el poder.
Aunque haya renunciado al cargo, Mazón no se irá a casa con las manos vacías. Su salida abre una serie de posibilidades retribuidas previstas en el Estatuto de los expresidentes de la Generalitat Valenciana. Esta normativa, aprobada en 2002, garantiza a los antiguos jefes del Consell una “presencia institucional digna” y una compensación económica acorde con el rango que ocuparon. En la práctica, eso se traduce en un salario casi idéntico al que percibían en activo, pero con mucho menos trabajo.
Durante su etapa en el Palau, Mazón cobraba 91.398 euros brutos al año. Ahora, podría acogerse a los beneficios del artículo 4 del citado Estatuto, que lo habilita para ser miembro nato del Consejo Jurídico Consultivo (CJC), el máximo órgano asesor del Gobierno valenciano. Este puesto, reservado a expresidentes, está retribuido con 86.862 euros brutos anuales, y puede prolongarse entre dos y quince años, dependiendo de la duración efectiva del mandato.
El problema es que Mazón no ha completado una legislatura entera. Fue investido en julio de 2023 y ha dimitido poco más de dos años después. Por eso, su caso se mueve en una “zona gris” legal: algunos juristas sostienen que solo tendría derecho a ocupar el cargo durante dos años, mientras que otros interpretan que podría hacerlo durante quince si se considera su gestión “completa en términos institucionales”.
El debate sobre la legislatura “completa”.
El significado del término “completa” se ha convertido en el centro del debate jurídico. Hay quienes defienden que una legislatura puede considerarse válida incluso si termina antes de los cuatro años previstos, siempre que haya cumplido sus funciones esenciales. Otros expertos, más estrictos, opinan que solo quienes agotan el mandato pueden beneficiarse del máximo periodo retributivo. Esa diferencia no es menor: implica una brecha de trece años de sueldo público.
Además de la retribución, el Estatuto de los expresidentes incluye privilegios adicionales: una oficina de apoyo con tres empleados, vehículo oficial y gastos de representación cubiertos. También se contempla la posibilidad de ocupar un escaño como senador autonómico, lo que sumaría otra fuente de ingresos mensuales. En ese caso, Mazón recibiría 3.284 euros al mes, según el régimen económico del Senado.
Los precedentes son escasos. De hecho, solo Francisco Camps ha hecho uso de ese derecho hasta ahora, incorporándose al CJC en 2018 con un salario superior a los 76.000 euros anuales. Que Mazón siga sus pasos o renuncie a ello será una decisión política, pero también ética, en un momento en que la ciudadanía mira con lupa los gastos públicos.
La indignación digital.
Las redes sociales reaccionaron con rapidez tras conocerse los detalles del posible sueldo del expresident. Numerosos usuarios criticaron lo que consideran “un retiro dorado” financiado con dinero público. En X (antes Twitter), abundaban los mensajes que reclamaban una revisión urgente del Estatuto de los expresidentes y exigían que las indemnizaciones se vincularan al tiempo efectivo de mandato. Algunos, incluso, comparaban la situación de Mazón con la de otros dirigentes europeos que renunciaron sin mantener privilegios.
En apenas unas horas, el hashtag #MazónDimitePeroCobra se convirtió en tendencia. Los comentarios más compartidos ironizaban sobre la paradoja de “dimitir sin irse del todo”. Pese a las críticas, desde su entorno nadie ha confirmado todavía qué opción elegirá el exdirigente. Por ahora, lo único seguro es que Carlos Mazón seguirá percibiendo un sueldo público mientras se resuelve su futuro institucional, un desenlace que muchos consideran difícil de justificar en tiempos de desconfianza hacia la política.