Multazo histórico a Telecinco por lo que emitieron sobre María José Campanario

Peligra la continuidad del programa más polémico de Telecinco.

Telecinco sigue siendo una fábrica de hacer dinero. Recientemente se conocieron las cifras del tercer trimestre de 2021, y estas indicaron que Mediaset facturó por publicidad 129,9 millones de euros entre julio y septiembre del año pasado. Su máximo rival, Atresmedia, ingresó 140,6 millones. Entre los dos se llevaron 270,6 millones, lo que supone el 80% de toda la publicidad de televisión y el 88% de las cadenas en abierto.

Que Atresmedia haya sobrepasado a la compañía que lidera Paolo Vasile se explica, en parte, por el desgaste de productos como Sálvame. El programa vespertino que presentan Jorge Javier Vázquez y otros colaboradores siempre ha sido uno de los productos más lucrativos de Mediaset.

Gracias a sus participantes, consiguen que la audiencia se enganche a las tramas que plantean. Sin embargo, a veces dichas tramas son urdidas sin ningún pudor, y eso crea graves problemas a la cadena. Sálvame se ha convertido en un programa controvertido al que se ha calificado en muchas ocasiones como «telebasura», y de hecho se trata del espacio televisivo que más quejas acumula por no cumplir el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia.

Más de la mitad de las protestas que tiene la cadena son debidas a este programa. Pero no es el único problema grave de Sálvame: El juzgado ha condenado a la cadena por intromisión ilegítima a los derechos al honor y a la intimidad, obligándoles a pagar una multa histórica.

Sálvame tiene que pagar 180.000 euros a dos demandantes.

Concretamente, el grupo de comunicación ha sido condenado a pagar nada más y nada menos que 180.000 euros a María José Campanario y Jesulín de Ubrique. La pareja denunció a Mediaset por unos contenidos en los que se hablaba de la supuesta ruptura de la pareja y de la no menos presunta infidelidad del torero con una o dos presentadoras de la propia cadena.

Después de la celebración del juicio, el magistrado Carlos José Rodríguez estimó parcialmente la demanda, en la que inicialmente se solicitaban 500.000 euros en concepto de indemnización. Finalmente, se obliga a Mediaset a un doble pago: 5.000 euros a cada demandado por invasión de su intimidad personal y familiar en el programa Sálvame Diario emitido el 29 de enero de 2019, y otros 185.000 por el contenido de varios espacios ofrecidos entre el 10 y el 15 de febrero de ese mismo año.

La segunda cuantía es más elevada por la sencilla razón de que las informaciones se repitieron en diez programas diferentes, durante seis días y en distintas franjas horarias. Además, se obliga a Mediaset a retirar todos los contenidos denunciados, que todavía podían verse a través de la plataforma MiTele.

«Se hizo a costa de los derechos fundamentales».

Ha llamado la atención la dureza de la sentencia, ya que habla de «desprecio absoluto hacia la realidad y la verdad, no solo la veracidad». Se intentó «utilizar la imagen y la presencia» de Jesulín en una rueda de prensa pública «por motivos claramente ajenos», «para generar la expectación en la audiencia (claramente infundada)», de que el torero podría confirmar la noticia de su separación, con la que se especulaba.

«Todo ello en orden a mantener la audiencia de un programa de televisión. Fin jurídicamente legítimo excepto cuando se hace a costa de los derechos fundamentales protegidos en nuestra Constitución», explica la sentencia.

En otra página del documento, el juez describió incluso el mecanismo de la «narrativa» de este tipo de espacios. «Se muestra de forma más clara en los programas, que por ser consecutivos, se emiten en los seis días del mes de febrero».

«Una narrativa que se rodea de todas las técnicas de información o de expresión que son habituales en el medio, y en el género que nos ocupa. Se ceba (como en algún programa se menciona), se especula, en definitiva se genera expectación en la audiencia, para que la noticia, la historia, dé para producir contenido para todos los programas analizados. El problema jurídico, que es el que aquí únicamente nos ha de ocupar, es el de saber o determinar si esa historia o noticia merece el calificativo de Información, en el sentido que nuestra Constitución protege».

Pero la prueba testifical, «lejos de acreditar la veracidad de la información, más bien acentuó la ausencia absoluta de la misma. La falta de diligencia de los responsables de la emisión de las ‘noticias’ para contrastar las mismas fue clamorosa», según la sentencia.