La sombra del intrusismo planea sobre el caso Marta del Castillo: la Audiencia de Sevilla reabre la investigación
La Audiencia Provincial de Sevilla ha reactivado una de las aristas menos exploradas del ya mediático caso Marta del Castillo. Y lo hace con una orden directa: esclarecer si hubo o no intrusismo profesional en la elaboración de uno de los informes clave del procedimiento.
La Sección Tercera del tribunal ha emitido un auto con el que revoca el archivo provisional de la causa dictado por el Juzgado de Instrucción número 7 el pasado 14 de marzo de 2025, decisión que fue ratificada el 29 de mayo del mismo año. Ahora, con esta nueva resolución, el juzgado tendrá que practicar nuevas diligencias en un plazo de 12 días.
El perito bajo la lupa: ¿ingeniero o impostor?
El epicentro de esta polémica tiene nombre y apellidos: Manuel Huerta de la Morena. Este perito fue el encargado de elaborar un informe pericial sobre el teléfono móvil de Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo. Sin embargo, según denuncia el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), Huerta no posee el título de ingeniero técnico en informática ni está colegiado, condiciones indispensables para ejercer como perito en este ámbito, según la legislación vigente.
El recurso presentado por el presidente del CPITIA, Pedro de la Torre, ha sido estimado por la Audiencia, que considera que existen aspectos esenciales aún sin aclarar.
¿Quién pidió el informe? ¿Quién lo firmó?
Uno de los puntos clave que deberán resolverse es determinar si el informe fue encargado oficialmente por el juzgado o aportado por alguna de las partes. Además, el tribunal quiere saber si en su elaboración participó algún profesional titulado en informática, algo que aún no ha podido confirmarse.
En este sentido, el auto judicial recuerda que, según el artículo 403 del Código Penal, para que exista delito de intrusismo deben concurrir dos elementos: el ejercicio de actos propios de una profesión y la falta del título habilitante. En este caso, se pone el foco en saber si la pericial informática entra dentro de esos «actos reservados» y si el perito actuó con o sin título correspondiente.
¿Firmó como ingeniero? No, como representante de empresa
Otro dato revelador es que, según la Audiencia, el perito no firmó el informe como ingeniero informático, sino en calidad de “representante de la entidad Lazarus Technology”. No se atribuyó formalmente la condición de ingeniero, aunque elaboró un informe con carácter técnico.
La Audiencia también hace referencia a la Ley 12/1986, que atribuye a los ingenieros técnicos competencias exclusivas en la elaboración de informes, valoraciones y peritajes. Este detalle, según el tribunal, «parece abonar la tesis del querellante», dando más peso a la posible existencia de un delito.
Revelación de secretos: capítulo cerrado
En lo que respecta a la posible comisión de un delito de revelación de secretos por parte del perito —quien mostró imágenes del caso en medios de comunicación—, la Audiencia ha sido tajante: no se continuará la investigación en este aspecto. El tribunal argumenta que el caso lleva expuesto mediáticamente desde 2009 y que ya no queda información “secreta o reservada” que pueda ser vulnerada. Además, el artículo 201.1 del Código Penal exige que la denuncia sea presentada por el agraviado o su representante legal, algo que no se ha producido en este procedimiento.
Próximos pasos: el juzgado decide
Con todo, el Juzgado de Instrucción número 7 tiene ahora la responsabilidad de realizar las diligencias necesarias en un plazo de 12 días. Tendrá que determinar si el informe en cuestión fue encargado por el juzgado y si en su elaboración participó algún informático titulado.
Tras estas actuaciones, el juzgado podrá decidir “con entera libertad de criterio si procede o no acordar de nuevo el sobreseimiento o, en su caso, la continuación de la investigación”.
El caso Marta del Castillo, que marcó un antes y un después en la crónica negra española, vuelve así a los titulares. Esta vez no por nuevas pruebas o confesiones, sino por un asunto tan técnico como delicado: el ejercicio profesional sin título en uno de los casos más mediáticos de la historia judicial reciente.