Consumo quiere poner fin a la “publicidad del miedo” en las alarmas: las cifras desmontan el relato del pánico
Las imágenes de casas forzadas en plena madrugada, okupaciones masivas y familias aterradas son, con frecuencia, el anzuelo que utilizan muchas empresas de seguridad en sus anuncios. El relato que venden es el de un país al borde del colapso de seguridad, donde es cuestión de tiempo que cualquier vivienda sea víctima de un robo o una ocupación ilegal. Sin embargo, los datos cuentan otra historia muy distinta: en España hay 26,9 millones de viviendas, y en 2024 solo se registraron 16.000 denuncias por okupación.
Este contraste entre la realidad y el miedo que se transmite ha llevado al Ministerio de Consumo a mover ficha. El departamento que dirige Pablo Bustinduy quiere prohibir este tipo de “publicidad del miedo” con la futura **ley de consumo sostenible**, una normativa que se encuentra aún en fase de negociaciones pero que ya recoge medidas para impedir afirmaciones inexactas o falsas que generen pánico.
Una nueva ley que obligará a aportar estadísticas reales
El objetivo de la nueva ley es claro: evitar que la publicidad se aproveche del temor, la desgracia o las supersticiones de los ciudadanos. Para ello, cualquier anuncio que alerte sobre riesgos deberá incluir datos cuantitativos que permitan al consumidor valorar de forma realista la probabilidad de que ocurra un robo u okupación.
“Los anuncios de alarmas suelen mostrar escenarios extremos o improbables, como robos violentos, para generar urgencia o vulnerabilidad”, explican desde el ministerio. Estos mensajes, según Consumo, captan la atención y generan un miedo que puede llevar a decisiones precipitadas, afectando la libertad de elección y el bienestar psicológico de las personas.
Publicidad engañosa: prohibida, pero ahora con más control
Actualmente, la ley ya prohíbe incluir información falsa sobre los riesgos que puede sufrir un consumidor si no adquiere un servicio como la instalación de una alarma. Sin embargo, la ley de consumo sostenible pretende ir más allá: incluso las afirmaciones veraces deberán ir acompañadas de datos reales sobre frecuencia e impacto del riesgo, expuestos de forma clara y visible según el medio en el que se publiquen.
El texto establece que se deberá incluir “información complementaria de carácter cuantitativo o estadístico que permita al consumidor o usuario valorar su frecuencia, impacto relativo o proporción”, y que estos mensajes explicativos deberán mostrarse de forma visible y adaptada al canal de comunicación.
El miedo, un negocio rentable que distorsiona la percepción social
Para Consumo, estas prácticas publicitarias contribuyen a la percepción de que la vida cotidiana es inherentemente peligrosa, generando desconfianza y una sensación de inseguridad que no se corresponde con los datos reales. “Esto no solo puede alterar la calidad de vida de las personas, sino también desviar recursos hacia servicios innecesarios en relación con el riesgo real”, apuntan desde el ministerio.
Por ello, consideran que regular estas prácticas permitiría “garantizar un equilibrio en el mercado, promoviendo una comunicación ética que priorice la transparencia y el respeto al consumidor”. Consumo se encargará de sancionar estas prácticas en medios impresos, mientras que en medios audiovisuales la responsabilidad recaerá en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Reducir el producto y mantener el precio: la reduflación bajo lupa
La futura ley de consumo sostenible también abordará otro frente: la **reduflación**, esa práctica empresarial que reduce la cantidad de producto mientras mantiene el precio, como sucede cuando una bolsa de patatas de 200 gramos pasa a 180 gramos, pero cuesta lo mismo.
El ministerio considera que esta práctica puede inducir a error a las personas consumidoras, quienes creen que están adquiriendo la misma cantidad que antes por el mismo precio. Para garantizar la transparencia, la ley modificará el artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para obligar a informar de forma clara y visible en el punto de venta cuando se reduzca la cantidad de producto y esto suponga un aumento del precio por unidad.
Además, esta información deberá mantenerse expuesta durante un mínimo de 90 días desde la primera comercialización del producto con la nueva cantidad reducida.
Adiós a la publicidad de combustibles fósiles y a los “falsos verdes”
La norma incluirá un veto a la publicidad de combustibles fósiles, entendiendo por tal toda comunicación comercial para promover la contratación de productos energéticos compuestos exclusivamente por derivados de origen fósil y emitida por empresas del sector del carbón o del petróleo.
Asimismo, se prohibirán afirmaciones medioambientales genéricas si la empresa no puede demostrar un comportamiento ambiental excelente. Frases como “respetuoso con el medio ambiente”, “verde”, “ecológico”, “amigo del clima” o “biodegradable” quedarán fuera de los anuncios si no se pueden acreditar con datos claros y auditables. También se restringirán las afirmaciones ambientales que se basen en la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero.
Reparar en lugar de tirar: otra clave de la ley
La ley también facilitará la reparación de productos como parte de su impulso al consumo sostenible. Si un consumidor decide reparar un producto que aún está en garantía (tres años) en lugar de sustituirlo por uno nuevo, la garantía se ampliará automáticamente 12 meses más, alcanzando así los cuatro años.
Además, se creará una plataforma online gratuita de reparaciones donde las personas consumidoras podrán encontrar reparadores de confianza, vendedores de productos reacondicionados o participar en iniciativas de reparación colectiva, fomentando así una economía más circular y sostenible.
Próximos pasos: del Consejo de Ministros al Congreso
La futura ley de consumo sostenible aún está en fase de negociaciones y podrá recibir enmiendas, pero está previsto que llegue al Consejo de Ministros en las próximas semanas antes de iniciar su tramitación parlamentaria. Su aprobación supondrá un cambio relevante en la forma en la que se relacionan empresas y consumidores en España, especialmente en sectores donde el miedo se ha convertido en un argumento de venta habitual.
Así, el Ministerio de Consumo busca redefinir el mercado desde una perspectiva más ética, transparente y respetuosa con los derechos de las personas consumidoras, desmontando los relatos de miedo y protegiendo al consumidor frente a prácticas que afectan tanto a su economía como a su percepción de seguridad y bienestar.